Por: César Augusto Bautista
En 2024, instituciones gubernamentales convocaron a los santarrosanos a participar en tres importantes procesos: formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, Elección de Jueces de Paz y de Reconsideración y Presupuesto Participativo. En las ediciones 172 (junio-julio) y 174 (agosto-septiembre) de este periódico, se analizó la anémica participación ciudadana en los dos primeros procesos anotados. Aquí se verá lo que fue la participación en el proceso de Presupuesto Participativo.
CONVOCATORIA
El pasado 30 de noviembre la administración municipal, con apoyo de la Gobernación de Risaralda, y después de un proceso metodológico dado a conocer a los interesados, convocaron a los santarrosanos a participar en la elección del proyecto al cual se le invertirán aproximadamente $300 millones de recursos del presupuesto 2025 de la Gobernación, a través del Presupuesto Participativo. Se establecieron ocho mesas de votación, cinco en zona urbana y tres en la rural (Ver Ilustración N°1). Dos asuntos podrían votar las personas mayores de 14 años que presentaran el documento de identidad, como único requisito de participación en cualquiera de las mesas: por uno de los ocho PROYECTOS puestos en consideración y por el VEEDOR de la ejecución de estos recursos, de una lista de cinco candidatos previamente inscritos.
RESULTADO
Concurrieron 2029 votantes (cerca del 3% del potencial electoral), de los cuales 1696 en zona urbana y 333 en la rural; por los ocho proyectos se depositaron 1989 votos, de los cuales 1947 fueron efectivos y 42 no efectivos; el proyecto más votado fue Dotación a Juntas de Acción Comunal (670 votos) seguido de Dotación a la Defensa Civil y Bomberos (600 votos) (Ver Ilustraciones N°2). Por los cinco candidatos a la veeduría del proceso se depositaron 1406 votos, la mayor votación fue para Luz Helena Escudero, con 415 votos.
EVALUACIÓN
Varios aspectos a considerar de la participación social en este proceso de Presupuesto Participativo: a) por el lado de los gobiernos locales: baja motivación y difusión convocando a la participación ciudadana; lánguido presupuesto para las inmensas necesidades de las comunidades a través de este mecanismo de participación (3% de los ingresos corrientes de libre destinación del Departamento, a recaudar en 2025, a repartir entre los 14 municipios); b) por el lado de la organización comunitaria: bajo grado de conformación de Juntas Administradoras Locales, baja difusión del proceso, deficiente acción de órganos intermedios de acción comunitaria, rutina y baja acción de las Juntas de Acción Comunal; c) por el lado de la sociedad: poca credibilidad en procesos de participación ciudadana locales, deficiente educación política y ciudadana en democracia.
CONCLUSIONES GENERALES
1) En los tres procesos de participación inicialmente anotados fue lánguida la participación de los santarrosanos; 2) Se alimenta, desde poderes nacionales y regionales, un modelo de democracia representativa que subestima y apabulla a la democracia participativa y el uso de sus instrumentos normativos; 3) Aspectos a indagar para entender la consciencia social y política de los ciudadanos: la forma como líderes políticos y sus organizaciones hacen la política; comportamientos de entramados de corrupción y burocracia en las distintas ramas del poder público; permanencia de brechas sociales y territoriales y falta de oportunidades; violencia y perfilamiento contra lideres sociales y comunitarios; deficiente educación política y en democracia de los ciudadanos; 4) El bajo interés ciudadano legitima y facilita oportunismos, ilusionismos, engaños y promesas no cumplidas históricamente por gobiernos a través de décadas; 5) El verdadero presupuesto participativo está en la participación ciudadana para la planeación y desarrollo integrales a través de los planes de desarrollo de los distintos niveles territoriales y no por medio de pequeños proyectos; 6) Presupuesto Participativo carece de censo electoral por lo cual no es posible controlar vicios electorales (trashumancia) y puso en consideración proyectos más de competencia gubernamental global que comunitaria local.
Pero en 2024 se vieron protestas ciudadanas que escapan a normas institucionales: por mejores servicios públicos, por cobros prediales inadecuados, por afectaciones en el transporte público de pasajeros, por restricciones no argumentadas en expresiones culturales (cabalgatas y ferias ganaderas), entre otras.
