En enero del presente año, el Presidente Petro anunció su intención de cambiar, en  tres aspectos básicos, el modelo de concesión que financia y realiza mantenimiento de algunos ejes viales: el Gobierno Nacional asume dichas funciones, no se  prolongan las actuales concesiones y se establecen costos diferenciales de peajes.  Dos decisiones administrativas parecieron abrir camino a esa orientación. Por un  lado, la resolución del 25 de mayo de 2026 de la Agencia Nacional de Infraestructura  – ANI -, mediante la cual rechaza la propuesta de Odinsa Vías S.A.S, que aduce no  ser compatible con las intenciones de cambio del Gobierno. La propuesta de  Odinsa, presentada en junio de 2023, buscaba que a partir de la fecha de  vencimiento (febrero de 2027) de la actual concesión se conceda otros 30 años para  ejecutar obras y mantenimiento en el corredor vial Manizales–Pereira–Armenia y  Calarcá–La Paila, por cerca de 7 billones de pesos, bajo la nueva figura de  Asociación Público-Privada (IP) “Conexión Centro”. 

El segundo hecho es la  resolución del 26 de junio de 2026 del Ministerio de Transporte que establece, de  manera temporal y en respuesta a la presión social, la tarifa diferencial en cinco de  las siete estaciones de peajes (San Bernardo del Viento, Pavas, Tarapacá I,  Tarapacá II y Circasia) administradas por Autopistas del Café en ese corredor vial.  Esta resolución se complementó con los lineamientos, expedidos por la ANI, para  que los ciudadanos acrediten la condición de beneficiario, el procedimiento para  acceder a la tarifa diferencial y las causales de pérdida de tal beneficio. En Santa  Rosa de Cabal, la tarifa diferencial se aplica, con prioridad, a los propietarios de  vehículos que residen en el corregimiento La Capilla. 

Con la llegada del nuevo Gobierno nacional, el 7 de agosto, nuevas decisiones  volvieron a mover, en otra dirección, el péndulo de la concesión. El Decreto 1424  del 17 de septiembre de 2026, en los artículos 1 y 2, adopta medidas extraordinarias  en el sector transporte por los daños causados por el terremoto del pasado 10 de  agosto y faculta a la ANI adicionar, a los contratos de concesión, competencias  hasta por 6 meses a partir de la fecha de vencimiento de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, para atender, en lo pertinente, impactos del movimiento sísmico.  En este contexto la ANI, en menos de veinte días revocó, mediante Resolución  20267020013965 del 6 de octubre de 2026, el rechazo inicial a la propuesta de  Odinsa y la habilitó para continuar con su trámite. Posteriormente, el 14 de octubre de 2026 en Manizales, la señora Ministra de Transporte anunció que la concesión Autopistas del Café continuará hasta septiembre de 2027; a la fecha, no se conoce acto administrativo alguno que formalice tal anuncio. Finalmente, tampoco, en  relación con la estrategia “los caminos del tigre”, se conocen propuestas “para llevar infraestructura a los territorios y recuperar corredores fundamentales” 

Gobiernos y gremios de Caldas, Quindío y Risaralda, alcaldes de algunos de sus  municipios, y fuerzas políticas y sociales, han manifestado tres aspectos básicos de apoyo a la intención de cambiar el modelo para financiar y mantener el eje vial  anotado: económicos (costos que soportan los usuarios y obstáculos a la  competitividad regional); territoriales (distribución y distancia de las estaciones de  peaje, algunas localizadas a menos de 10 kilómetros entre sí; dificultades para la  movilidad cotidiana entre municipios); información de la ejecución y la gestión (obras  pendientes por ejecutar en el eje vial como se manifestó en el foro regional del  21/11/2025 en Santa Rosa de Cabal, deficiente información sobre inversiones y  estudios socioeconómicos). 

Este movimiento pendular genera incertidumbre acerca de la estabilidad del modelo  de financiación y ejecución de obras y mantenimiento vial de ejes nacionales. Las  organizaciones sociales y, en particular, las veedurías ciudadanas, deberán exigir  información verificable y vigilar las decisiones que comprometan el futuro vial de la  región, ya sea que el modelo actual continúe o que se modifique; solicitar que  cualquier decisión sobre la continuidad de la concesión, tarifas e inversiones, se  acompañe de información pública sobre costos, obligaciones, obras ejecutadas,  recursos recaudados y beneficios para los municipios afectados. El modelo que se  escoja será exitoso si logra, para esta región, número justo de peajes, distribución  territorial equitativa, localización estratégica, tarifa diferencial y costo de peajes  según plan de inversión y de mantenimiento de su corredor vial más importante.