Resulta contradictorio que países como Colombia para gestionar sus crisis y reformas de organización, adopten recetas extranjeras que comprometen su autonomía, en lugar de apelar a soluciones soberanas. De esta manera, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales derivados de la entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE, se ha generado una presión regulatoria y fiscal que el país difícilmente puede soportar, profundizando la brecha entre las políticas globales y la realidad territorial.

Siguiendo esa línea, en el artículo 104 de la Ley 1753 del 2015 y el Acuerdo de Paz de Santos con las FARC, firmado en la Habana, se estableció la creación del catastro multipropósito. Ahora bien, resulta paradójico que hoy, en un gobierno autodenominado progresista, se implementen políticas fiscales que en la práctica amenazan con desplazar al campesinado de sus tierras. 

El Acuerdo de Paz, en el punto 1, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, tiene dos ejes fundamentales: Acceso y uso del suelo rural. Y según la Consejería de Paz, en ese momento, Colombia contaba con una desactualización del 59% del total de los predios, un 26% sin registro y solamente un 15% actualizado. 

Ante esta carencia, bajo las directrices de la OCDE, el país evolucionó hacia el Catastro Multipropósito; el gobierno nacional lo institucionalizó a través del Plan Nacional de Desarrollo PND, para que sea ejecutado por el IGAC que a su vez expidió las resoluciones número 1912 de 2024 y 2057 de diciembre de 2025 que los entes territoriales tienen la obligación de adoptar e implementar en sus respectivas jurisdicciones, independintemente del gestor catastral. 

Esta transición transforma el antiguo modelo de catastro en un instrumento estratégico de ordenamiento y fiscalización, permitiendo una mayor explotación de datos territoriales y un incremento efectivo en la base gravable del país.

Al respecto, es clave conocer la diferencia entre avalúo catastral y el impuesto predial. Mientras que el primero es la valoración técnica y fiscal asignada por entidades como el IGAC para calcular impuestos, el segundo es el tributo anual que se paga con base a ese avalúo.

En este sentido, a través de mapas interactivos y datos geoespaciales y agrológicos, el IGAC identifica el potencial productivo del suelo, aportando insumos valiosos para la investigación científica. Sin embargo, esta tecnificación deriva además en un aumento del impuesto predial que presiona al habitante rural a incrementar la productividad. Así lo advertí al subdirector de Agrología del IGAC el año pasado durante la socialización del estudio Semidetallado de Suelos de Risaralda; señalé las inconsistencias que venían manifestando los productores rurales y los posibles riesgos socioeconómicos que esto podría acarrear. Y hay que decirlo, existe también la intención de llevar esta vigilancia técnica y administrativa hasta los ecosistemas más estratégicos del país.

Por otra parte, este nivel de exigencia resulta contradictorio en un contexto de libre comercio, donde el productor carece de protecciones arancelarias, transferencia tecnológica y garantías estatales básicas. 

Deben saber los colombianos que esta visión es respaldada por figuras como Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación del gobierno Petro, y Edna Cristina Bonilla, actual fórmula Vicepresidencial de Fajardo. Pareja que, en varios escritos ha defendido la necesidad de dinamizar el mercado de tierras. Para ambos, la actualización catastral es el motor fundamental para formalizar y dar valor comercial al suelo rural, consolidando así una estructura fiscal más robusta para Colombia.

Por otro lado, llama la atención que la Agencia Nacional de Tierras – ANT, sea gestor catastral, y que haya utilizado préstamos del Banco Mundial y Banco Interamericano de desarrollo por más de 150 millones de dólares para su implementación. 

No son pocos los municipios que venían soportando los incrementos desmesurados de la actualización catastral, como el caso de Santa Rosa de Cabal durante la administración anterior, cuyo operador escogido en ese momento, fue “Go Catastral” de Bogotá. Según proyecciones presentadas durante el año 2022, Santa Rosa de Cabal iba a pasar de un valor total catastral de 1,3 billones de pesos (2021) a 3,6 billones (2022). De igual manera incrementaría el número de predios en 4054, pasando de 23.097 a 27.151 predios. 

Actualmente, las denuncias de abusos económicos reportadas por productores y campesinos encuentran su raíz en la aplicación de la Resolución del IGAC citada. En muchos casos, las actualizaciones catastrales han derivado en incrementos desproporcionados que no corresponden a la realidad productiva del campo, convirtiendo el avalúo en una carga técnica que dispara un impuesto impagable. De modo que, ante las valerosas protestas civiles, no sirven los paños de agua tibia, y el gobierno nacional debe aceptar su responsabilidad y ajustar lo que sea necesario para ayudar a las comunidades, principalmente las rurales.