En el marco de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados No. 076, realizada el pasado 21 de mayo, el director administrativo de Comfamiliar Risaralda, Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes, presentó el informe de gestión y balance social correspondiente a 2025, destacando la solidez financiera de la entidad y el impacto de sus programas en la calidad de vida de miles de familias risaraldenses.
Durante la vigencia 2025, la Caja de Compensación invirtió más de $152.000 millones en subsidios, beneficiando a cerca de 402.900 afiliados, entre trabajadores y sus familias, a través de cuatro líneas estratégicas.
El Subsidio Monetario registró una inversión de $83.150 millones, beneficiando en promedio a 106.004 personas mensualmente. Por su parte, el Subsidio en Servicios alcanzó los $45.329 millones, recursos destinados a programas de educación, cultura, recreación y protección integral de la niñez y los adultos mayores.
En materia de vivienda, Comfamiliar destinó $13.044 millones en subsidios, permitiendo que 332 familias avanzaran en la consolidación de su patrimonio. Adicionalmente, se invirtieron $10.485 millones en subsidios en especie, orientados a programas de deporte, turismo, alimentación y educación.
En cuánto a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, el director Lucas I. Arbeláez Arbeláez Cifuentes destacó la importancia de este escenario de participación y construcción colectiva. “Este es un importante espacio de diálogo para que los afiliados se sientan incluidos y sean partícipes en la toma de decisiones”, expresó. Así mismo, manifestó que una de las principales prioridades de la Caja de Compensación es “ir consolidando a largo plazo la etapa de planeación para no perder el norte”.
Finalmente, la Asamblea precedida por Sandra Milena Arango Buitrago, presidenta de su Consejo Directivo, aprobó los estados financieros correspondientes a 2025 con el 97,08 % de los votos presentes. De igual manera, autorizó el incremento a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) del monto máximo de los actos y contratos que podrá celebrar el director administrativo sin requerir autorización previa del Consejo Directivo.
