El gobierno actual ha puesto en marcha una contrarrevolución cultural, de la que estarían orgullosos Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Con la reciente decisión institucional de retirar del Museo Nacional piezas fundamentales de nuestra memoria reciente (como aquellas vinculadas a Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa, los Acuerdos de Paz y las luchas de los movimientos feministas y LGBTIQ+) no se está realizando un mero ajuste administrativo. Se trata, además, de un intento deliberado por disputar el sentido común y la narrativa histórica, buscando vaciar de contenido plural un espacio concebido para el reconocimiento de los vencidos y de las disidencias. Sin embargo, se equivocan: el dios al que invocan está lejos de reflejarse en sus acciones; antes bien, valga la redundancia, contradicen la contrarrevolución que afirman defender, pues deslegitiman el valor cristiano que soporta todo ese ideal.

En su afán por higienizar el relato y suprimir las memorias incómodas, terminan deslegitimando el valor cristiano y ético que históricamente ha soportado todo ideal de civilización y trascendencia. Una auténtica recuperación de los valores tradicionales o de la hondura cultural jamás operaría mediante la tijera, el ocultamiento y la venganza simbólica, sino a través de la comprensión, el reconocimiento del dolor ajeno y la custodia de la memoria como un templo sagrado. Al vaciar las paredes del museo y prohibir el registro de esos huecos, el poder oficial no hace más que vaciar su propia legitimidad moral, demostrando que su pretendida revolución o contrarrevolución carece de alma.

Para desenmascarar esta farsa citemos a un verdadero contrarrevolucionario: el incómodo Nicolás Gómez Dávila. El gran reaccionario colombiano diagnosticó con precisión implacable las ilusiones del hombre moderno: ese cristal frágil atrapado entre la fe en el progreso y su propio vacío espiritual. Para Gómez Dávila, “la historia moderna no es más que una larga serie de errores intelectuales sancionados por multitudes”, y el demócrata o el ideólogo contemporáneo siempre peca de la misma soberbia: creer que pueden reescribir la condición humana mediante decretos y censuras.

Gómez Dávila nos enseñó que quienes construyen sistemas y los censuradores de turno comparten una misma ceguera: desprecian la complejidad del pasado porque solo entienden la historia como un botín partidista. Cuando las directivas institucionales intentan silenciar la memoria prohibiendo registrar los vacíos de las salas, replican exactamente la actitud del hombre moderno que denuncia el filósofo: un espíritu mezquino que confunde la eliminación del vestigio con la supresión de la verdad.

La ironía final es ineludible. Al intentar imponer un relato unívoco mediante el olvido forzado, el poder revela su propia bancarrota intelectual. Como bien advertiría Don Colacho, las ideologías pasan, pero la realidad del espíritu humano siempre termina burlando a sus carceleros. Los muros vacíos del Museo Nacional, lejos de ser una victoria de los dogmatismos, quedan como el mudo y elocuente testimonio de su propia contradicción: un monumento involuntario a la pequeñez de quienes quieren domar la historia a golpes de tijera.

Al final, el tropiezo de esta administración radica en que su pretendida contrarrevolución padece el mismo vicio secular que Gómez Dávila le reprochaba a toda la modernidad: la ilusión de que el orden espiritual y cultural se puede fabricar por decreto ministerial. Al intentar purgar el pasado y despojar a la sociedad de sus memorias plurales, este gobierno no encarna una restauración de los valores trascendentes, sino el reverso exacto de su propia retórica. Creyéndose restauradores de un “nuevo orden”, terminan ejecutando una caricatura burocrática; olvidan que el verdadero espíritu tradicional jamás se atrinchera en la censura ni teme a la complejidad de la historia, y que toda pretendida “cruzada” ideológica que se sustenta en el silenciamiento de su pueblo termina siendo, irremediablemente, una farsa sin Dios y sin memoria.