Por: César Augusto Bautista Escobar
Después de cuarenta y cinco días del terremoto del pasado 10 de agosto, podemos preguntarnos ¿por qué un fenómeno natural termina convirtiéndose en una catástrofe? Según datos oficiales, en cerca de 500 municipios de 16 departamentos, más de 330 personas fallecidas, cerca de 4.600 heridos, 234 desaparecidos, 364 rescatados, cerca de 324.000 afectados, cientos de viviendas arruinadas, establecimientos comerciales destrozados, equipamientos e infraestructuras averiadas. La amenaza sísmica en Colombia es conocida y ha sido estudiada durante décadas; el país se encuentra en una zona de elevada actividad tectónica generada por la interacción entre las placas de Nazca, Sudamérica y el Caribe. El Servicio Geológico Colombiano, en su Plan Estratégico de Conocimiento Geocientífico y Nuclear 2023 – 2032, anota que desde 1933 se han registrado más de 300 mil sismos. El riesgo aumenta donde coinciden la amenaza significativa con alta exposición y vulnerabilidad, como ocurre en buena parte del Eje Cafetero; en 1999 otro gran terremoto afectó a esta región y en total a 28 municipios de cinco departamentos.
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10, establece requisitos orientados a reducir el riesgo para la vida humana y las pérdidas materiales en estos eventos. Esta norma distingue el desempeño esperado de las edificaciones según la intensidad del movimiento: desde limitar los daños en sismos menores hasta evitar el colapso y proteger la vida en eventos severos. A la fecha, no es posible tener una evaluación que permita saber hasta qué punto la NSR-10 ha cumplido su propósito en sus 16 años de vigencia. Responder esta inquietud debería ser una prioridad para el Gobierno, las universidades, los gremios de profesionales y el sector de la construcción, para evaluar aspectos relacionados con suelos, diseños, licencias, construcción, supervisión, modificaciones, edificaciones anteriores a la norma, autoconstrucción, entre otros aspectos.
Pero la magnitud de la catástrofe – no del sismo – va más allá de consideraciones normativas. En el Eje Cafetero, pese a la experiencia acumulada, la amenaza sísmica persiste en un contexto de debilidad institucional para la gestión del riesgo; la planificación territorial ofrece ejemplos de municipios que no han actualizado sus planes de ordenamiento territorial, algunos desde su primera formulación en el 2000 y presentan vacíos de información y de estudios para la gestión del riesgo. Por otro lado, es común la práctica para flexibilizar la norma, evadirla o incumplirla, algunas veces con responsabilidades compartidas entre actores públicos y privados. A esto se suma una realidad económica: en gran parte de las ciudades colombianas prevalece la autoconstrucción, la construcción informal o sin licencia. Para muchos pequeños propietarios, asumir los costos de estudios de suelos, diseños y asistencia técnica pertinentes, resulta difícil. El terremoto muestra que esos costos no son un gasto suntuario, sino una póliza de seguros que adquiere su verdadero valor cuando se presenta la situación crítica.
Reducir el riesgo de catástrofes exige reconocer su carácter sistémico y actuar sobre las múltiples condiciones que los producen o amplifican; significa generar transformaciones profundas de orden social, territorial, ambiental, tecnológica e institucional mediante las cuales la sociedad modifique sus formas de habitar, producir, construir, consumir, gobernar, generar y distribuir la riqueza, y construir colectivamente una sociedad más segura y protectora de la vida y del patrimonio.
